Bruselas sanciona a Google con una multa récord de 2.424 millones de euros

Bruselas sanciona a Google con una multa récord de 2.424 millones de euros

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LUCÍA ABELLÁN / elpais.com

El gigante estadounidense Google ha recibido este martes la mayor multa antimonopolio que ha impuesto nunca la Unión Europea. La Comisión Europea fija para la compañía una sanción de 2.424 millones de euros por vulnerar la competencia en el mercado de las búsquedas por Internet, según ha confirmado Bruselas. El caso alude específicamente al servicio de comparativas de precios, pero supone una enmienda a la totalidad al modo de operar del poderoso buscador, que favorece, según Bruselas, sus propios servicios sin que los usuarios sean conscientes del sesgo.

El Ejecutivo comunitario lleva siete años con las prácticas de Google bajo la lupa. Tras un primer periodo basado en la búsqueda de acuerdos —bajo el mandato de Joaquín Almunia—, los servicios de Competencia cambiaron de estrategia. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, optó hace dos años por abrir un expediente sancionador referido a uno de los casos que más quejas acumulaban: la presunta discriminación que aplica Google a los competidores cuando el usuario recurre al buscador para buscar productos y comparar precios. Bruselas argumenta que la empresa fundada por Larry Page sitúa en una posición prominente sus propios servicios (Google Shopping), independientemente de su relevancia, y oculta otros de los competidores.

Vestager ha querido imponer un multa ejemplarizante. Hasta ahora, la mayor sanción era la impuesta a Intel en 2009, de 1.060 millones de euros. Por ley, el límite máximo de las multas está fijado en el 10% de la facturación anual de una compañía. Se especuló con que la sanción podía ser de cerca de 1.000 millones, pero la decisión de Bruselas ha superado todas las previsiones.

Es la primera vez que la Comisión Europea sanciona un comportamiento relacionado con las búsquedas por Internet, un mercado que ha adquirido gran relevancia en la última década. Más que la multa en sí, serán los remedios propuestos por Bruselas —y que Google tendrá que aplicar para cumplir con la norma comunitaria— los que más incidencia tengan en el negocio de la compañía. La firma estadounidense confía en que los cambios se limiten a tener que presentar de manera menos atractiva las ofertas de productos vinculados a Google, pero probablemente tendrán más calado.

Un precedente para dar ejemplo

Tanto Bruselas como los demandantes que recurrieron por estas prácticas que les perjudicaban confían en que el caso de Shopping siente un precedente y condicione el comportamiento general del buscador estadounidense. Google no lo ve igual: cree que cada caso se evalúa por separado y que los remedios fijados para un comportamiento considerado anticompetitivo no son directamente trasladables al resto.

La decisión sobre el comparador de precios es la primera de un abultado dosier que acumula la Comisión Europea sobre Google. Después de este fallo, vendrá otro que también acumula una larga trayectoria, relativo al mercado de publicidad. Bruselas objeta los contratos abusivos —exigen exclusividad— que la firma impone a otras webs que muestran anuncios de Google. El tercero será uno bastante más reciente pero también de gran impacto, relativo a Android. Vestager acusa a Google de forzar a los fabricantes de móviles y tabletas a que preinstalen aplicaciones de la compañía para que puedan incluir el sistema operativo Android.

El caso amenaza con inflamar las relaciones transatlánticas. La apertura del procedimiento de infracción, con Barack Obama en el poder, ya generó resquemor y acusaciones veladas a Bruselas de que penalizaba el talento y la innovación estadounidenses. Las empresas tecnológicas no son precisamente las mayores aliadas del actual presidente, Donald Trump, pero es muy probable que el mandatario interprete la ofensiva como un nuevo ataque contra los intereses estadounidenses. Bruselas es consciente de este riesgo, pero está convencida de que existen suficientes pruebas para sancionar a Google por unas prácticas que alteran el libre mercado al menos desde 2010.

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