Podemos propone acabar con el vasallaje de los derechos de autor musicales

Podemos propone acabar con el vasallaje de los derechos de autor musicales

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 / lavanguardia.com

El artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual es una excepción en el marco de los derechos de autor que permite a la industria musical y también a las empresas de comunicación audiovisual, como radios y televisiones, beneficiarse de hasta la mitad de los derechos de autor devengados por la creación musical, a menudo a perpetuidad. Es decir, quedarse con hasta un 50% de los ingresos que la sociedad de gestión de derechos, en este caso, la SGAE, abonan en concepto de derechos de autor.

Fuente original: Podemos propone acabar con el vasallaje de los derechos de autor musicales.

El grupo Confederal de Unidos Podemos En Comú y En Marea, a iniciativa del diputado Eduardo Maura, ha registrado una iniciativa legislativa para eliminar este artículo que, de aprobarse (y ahora mismo, con un mercado que se ha transformado tanto como el musical, no hay motivos de peso para que no sea así), supondría una colosal redistribución de los derechos de autor musicales en beneficio de los artistas.

Los motivos de la propuesta

Lo que dice el peculiar artículo es que “se conceden al editor derechos de comunicación pública”. Si se preguntaban por qué los sellos musicales o las cadenas de televisión, incluida la pública, tienen un sello editorial propio es por esto: porque así recuperan buena parte de lo que pagan en concepto de derechos de autor.

Respecto al artículo, razona Maura, en la exposición de motivos de su propuesta, “la cesión de derechos de comunicación pública junto con el contrato de edición podía tener sentido en otro contexto histórico y tecnológico porque quien compraba o alquilaba las partituras adquiría con ellas el derecho a interpretarlas públicamente. Sin embargo, a partir de la invención del fonógrafo y de la música grabada, el derecho de comunicación pública se amplió a otras modalidades de explotación diferentes de la interpretación en directo, modalidades que en ningún caso están relacionadas con la edición de las partituras y con el trabajo del denominado editor musical”. Han leído bien, a partir de la “invención del fonógrafo”.

Para que se entienda, una cadena de televisión firma con el autor de la sintonía de un programa un contrato con su filial editora por el que éste cede sus derechos (muchas veces sin saberlo) y así consigue que, de lo que esa cadena paga anualmente a SGAE en concepto de derechos de autor, hasta la mitad le sea devuelto en tanto cotitular de los derechos, en lugar de serle ingresado al autor. Lo explica la abogada Marta Sevil Mezquida, especializada en propiedad intelectual y que ha colaborado con el grupo confederal en la elaboración de la iniciativa.

La presión del lobby discográfico

La realidad es que esta excepción, que en España se incorporó a la ley en 1987, está ahí –en nuestra legislación pero también en la de otros países de nuestro entorno– por la acción del antaño poderoso lobby discográfico, un sector extraordinariamente influyente y excepcionalmente concentrado que, en virtud de esta condición de cotitular de derechos, tiene además un gran poder en el interior de las sociedades de gestión de derechos.

Tras la debacle de la industria del formato físico provocada por la revolución digital, los derechos de comunicación pública que, merced a estos contratos, los autores tienen que compartir con la industria, son los que generan el 90% de sus ingresos. El autor cede así hasta la mitad (en realidad, la mitad, porque el 50% es el porcentaje máximo permitido pero también el mayoritariamente aplicado) de todos los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública por cualquier medio con la mera suscripción del contrato de edición musical. A cambio, la discográfica de turno solo adquiere la obligación de realizar una edición impresa de la partitura. Y para cobrar esos derechos, por periodos que se extienden hasta 70 años después de la muerte del artista, basta con que edite un solo ejemplar.

Eduardo Maura cita a José Miguel Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Málaga, quien es muy elocuente sobre las consecuencias, objetivos y causas de este artículo 71, que obliga a ceder derechos de autor en términos que no se aplican en el resto de sectores creativos, que “se ha prestado a todo tipo de corruptelas, extendidas en el mercado. […] Es un cuerpo extraño, introducido en las normas del contrato de edición que se referían, en gran parte, a la edición en forma de libro. Su introducción se debe fundamentalmente a la presión de las entidades de gestión, donde tienen influencia los editores musicales, que son además de miembros o socios, clientes, cuando no filiales o ramas de casas discográficas”.

“Una cantidad enorme de músicos lleva décadas cediendo todos los derechos de explotación de su obra a perpetuidad”

EDUARDO MAURA

Diputado de Podemos en el Congreso

Como el artículo 71 también estima una excepción a las causas de extinción de los contratos de cesión de derechos que operan para el resto de sectores culturales, muchos de estos contratos se extienden décadas después de la muerte del propio creador, a menudo sin que el autor sea consciente de esos términos contractuales, que la industria considera ya un estándar. El diputado resume así el problema: “Una cantidad enorme de músicos lleva décadas cediendo todos los derechos de explotación de su obra a perpetuidad y en condiciones manifiestamente desiguales con respecto a otros autores, con el enorme perjuicio que ello conlleva para ellos y para sus herederos”.

Maura cree que esta indefensión puede incluso considerarse causa de inconstitucionalidad, porque atenta contra la igualdad de derechos recogida en el artículo 14 de la Constitución, pero además incide en que estos contratos de cesión de derechos, toda vez la ley no incorpora apenas ninguna obligación para la filial editora de la compañía discográfica o, en su caso, la empresa de comunicación, son en realidad contratos sin causa: “El auténtico objeto de los contratos de edición musical en muy contadas ocasiones es la edición de partituras, siendo esta explotación residual una excusa para obtener la cesión de todos los derechos de comunicación pública y transformación, en exclusiva y por todo el tiempo de duración del derecho de autor”. Se trata, reza la explicación de motivos de la proposición de ley, “de contratos sin causa, o con una causa falsa, mediante los cuales se adquieren todos los derechos de explotación sin la obligación del editor de llevar a cabo dicha explotación por su cuenta y riesgo, convirtiéndose en un mero comisionista”.

Y no son los editores los únicos que camuflan una acción de comisionistas de derechos de autor en forma de contrato para la edición de partituras, pues bajo la apariencia de contratos de edición musical, se ocultan a menudo otro tipo de contratos, “tales como el de agente o de mero comisionista”, lo que supone un fraude de ley, toda vez, esos contratos, como el de representación, en ningún caso podrían ser firmados sin periodo de extinción, una añagaza que se logra a través de esta figura anómala.

Maura, que no propone redacción alternativa para el artículo 71 sino su mera eliminación, cree que esta sencilla modificación legal puede acabar con la indefensión de los creadores musicales, pero también con prácticas que facilitan la corrupción, como el célebre caso de la llamada “rueda de las televisiones”, en el que se ha visto involucrada SGAE y las cadenas de radiotelevisión.

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